REDISEÑAR EL JUICIO ADMINISTRATIVO, PROPONE LA DIPUTADA RUTH TISCAREÑO
GUANAJUATO.- La diputada Ruth Noemí Tiscareño presentó una iniciativa para que en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios se reconozca la figura procesal del interés legítimo a efecto de ampliar la protección del gobernado por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
De aprobarse la reforma que propone, particulares que, sin tener interés directo, acrediten un interés legítimo dentro de un proceso contra actos administrativos que afecten su esfera jurídica, en forma directa o indirecta, también podrán recurrir al TJA.
En su exposición de motivos, la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) dijo que “es necesario crear medios como el interés legítimo que permitan cuestionar las arbitrariedades que inciden de manera particular y cualificada en ciertos particulares afectados”.
Tiscareño Agoitia afirmó que su iniciativa contribuye a proteger los derechos fundamentales de los particulares frente a actos, omisiones o resoluciones administrativas que inciden, mediante un interés cualificado, en su esfera patrimonial.
Lo anterior, abundó, “a través de la implementación de la figura del interés legítimo en materia administrativa que permita rediseñar el juicio administrativo a efecto de ampliar el medio de control de la legalidad de los actos, omisiones o resoluciones administrativas que inciden en la esfera jurídica de los gobernados”.
“Consideramos que es preciso ampliar el espectro de protección de los derechos gobernados que, sin tener interés directo, posean un interés legítimo para combatir actos administrativos que consideren lesivos”, agregó la diputada y citó casos de actos de autoridad en los que el afectado podría acogerse a esa figura.
A manera de ejemplo se refirió a eventuales actos de autoridad como el de fijar horarios para circular y estar en la vía pública hasta cierta hora de la noche que, sin duda, vulneran en forma genérica el derecho fundamental de libertad de tránsito, lo cual podría combatir cualquier ciudadano atendiendo al interés legítimo que posee como integrante de esa comunidad.
