QUE SCJN RESUELVA SI ES LEGAL O NO REFORMA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL: GPPRI
GUANAJUATO.- El Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) se manifestó a favor de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que dilucide si es constitucional o no la reforma a las leyes generales de Responsabilidades Administrativas y de Comunicación Social que aprobó el Congreso de la Unión.
El diputado Alejandro Arias fijó el posicionamiento del GPPRI frente al Punto de Acuerdo para que la LXV Legislatura interponga una controversia constitucional, a fin de que sea la SCJN la que dilucide si el Congreso de la Unión invadió o no facultades que competen al Poder Legislativo local.
El 27 de diciembre pasado fueron aprobadas las reformas a las leyes generales de Responsabilidad Administrativa y de Comunicación Social y fue en esta última, que impone topes presupuestales en materia de comunicación social a estados y municipios, en la que se centró el debate.
A nombre del GPPRI, Arias Ávila habló a favor de la propuesta de Punto de Acuerdo y detalló qué circunstancias dieron pie para pronunciarse en ese sentido.
Afirmó que había serias deficiencias jurídicas en la reforma a ambas leyes, y precisó que en lo que toca a la del artículo 26 de la de Comunicación Social se vulnera el artículo 116 constitucional, el cual establece que compete a legislaturas locales aprobar presupuesto de egresos anual de sus estados.
Agregó enseguida que “de una lectura detallada al artículo 76 de la Carta Magna, en ninguna de sus 36 fracciones se advierte, de manera alguna, competencia del Congreso federal para legislar en materia de presupuesto de las entidades federativas”.
Precisamente, respaldar el Punto de Acuerdo fue también para preservar la soberanía y los principios del federalismo, dijo el diputado Alejandro Arias, quien al inicio de su intervención puntualizó que la postura de la bancada que coordina “se basa fundamentalmente en cuestiones eminentemente jurídicas y de orden constitucional”.
Después de detallar por qué respaldaban el Punto de Acuerdo, el coordinador del GPPRI subió en dos ocasiones más a tribuna para remarcar que el tema de fondo del debate era si la aprobación de reformas por el Congreso de la Unión se apega o no a la Constitución, sin consideraciones políticas de por medio.
La reforma a la Ley General de Comunicación Social limita al 0.1% del presupuesto de egresos anual el gasto para ese rubro, pero el diputado sostuvo que “no existen razones jurídicas, ni constitucionales” que sustenten fijar ese porcentaje en la citada reforma.
Para rematar su última intervención, dijo a quienes argumentan que es justa la reforma a la Ley General de Comunicación y tienen la certeza de que no va a prosperar la controversia constitucional, “pues cuál es la preocupación” entonces.
También subió a tribuna la diputada Ruth Noemí Tiscareño, quien coincidió en que la controversia constitucional es para defender el federalismo, además de que, ante el planteamiento de que cuando una ley no sea justa debe desacatarse, como sugirió un diputado de Morena, remarcó que los servidores públicos no deben excusarse del cumplimiento de la ley en ninguna circunstancia porque protestaron cumplirla y hacerla cumplir al asumir el cargo.
Desde su curul, la diputada Yulma Rocha razonó su voto a favor de la propuesta de Punto de Acuerdo y manifestó que “será interesante saber cómo resuelve la Suprema Corte” la controversia constitucional que promoverá la LXV Legislatura.
