APLICAR RECURSOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA Y EFICACIA, RECIPROCIDAD OBLIGADA CON LA POBLACIÓN: GPPRI
GUANAJUATO.- Un ejercicio de recursos públicos eficaz, eficiente, razonable y con honradez, debe asumirse como un compromiso irrenunciable con una ciudadanía que con esfuerzos cubre sus contribuciones anuales, afirmó el coordinador del GPPRI, diputado Alejandro Arias.
En alusión a los 117 mil 824 millones de pesos que conforman el Presupuesto General de Egresos para el ejercicio fiscal 2024, consideró que será todo un reto aplicarlos con transparencia y honradez, a efecto de que se alcancen pronósticos planteados en los programas que se impulsarán.
Para resaltar la importancia de que se apliquen con eficiencia y pulcritud, dijo que “a pesar de que nos dicen que vamos muy bien, los escenarios económicos no son los más favorables o deseados”, y que se sigue padeciendo una inflación que podría alcanzar el 5% al cerrar el año, y del 7 u 8% en el caso de la inflación subyacente.
Destacó además que, a pesar del menosprecio de la Federación, el estado ejercerá 117 mil 824 millones de pesos para los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con aumentos como los de los presupuestos del IEEG y la Fiscalía General del Estado en virtud del próximo proceso electoral.
Al abundar sobre el posicionamiento político del GPPRI ante la Ley del Presupuesto General de Egresos 2024, destacó que no se plantea la contratación de deuda pública para el ejercicio fiscal del próximo año.
Además, dijo el legislador del GPPRI, en la LPGE se establecen previsiones económicas con motivo del cambio de titular en el Poder Ejecutivo, por un monto de 31 millones 890 mil pesos para garantizar y restituir los derechos de la niñez y adolescencia, de 6.3 mdp en materia de mujeres e igualdad de oportunidades, y de un millón 630 mil pesos para el cambio climático.
Finalmente, el coordinador del GPPRI manifestó que el ejercicio de análisis y estudio de iniciativas de Ley de Ingresos municipales y las correspondientes al Paquete Fiscal 2024 tiene como propósito que, en un marco de legalidad, equidad y proporcionalidad, estado y municipios puedan recaudar y aplicar recursos para atender necesidades de la población.