ATAQUES CON ÁCIDO DEBEN RECONOCERSE COMO VIOLENCIA FÍSICA Y CONSIDERARSE UN AGRAVANTE EN EL CÓDIGO PENAL, PROPONEN LEGISLADORAS FEMINISTAS
GUANAJUATO.- La diputada Yulma Rocha presentó una iniciativa para que se reconozca a los ataques con ácido como un tipo de violencia física en contra de las mujeres por razón de género y para que el empleo de sustancias corrosivas, tóxicas o inflamables en la comisión de un homicidio o lesiones sea un agravante.
La iniciativa implica reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal, en el que se consignaría que el homicidio y las lesiones se considerarán delitos calificados “cuando se causen mediante el empleo de ácidos, sustancias corrosivas, tóxicas o inflamables”.
A nombre del grupo feminista iniciante, la legisladora priista presentó la iniciativa y en la exposición de motivos destacó que hoy en día la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia reconoce 14 tipos de violencia que se ejercen en contra de las mujeres, pero que ese listado no incluye agresiones cometida con sustancias corrosivas, es decir, los ataques con ácidos “a pesar de que es una de las modalidades más crueles y perversas”.
Rocha Aguilar sostuvo que el hecho de que no se reconozca esa modalidad impide que las víctimas puedan recibir la atención necesaria, especializada y oportuna por parte de autoridades sanitarias, de seguridad pública o de procuración e impartición de justicia.
Para el grupo de legisladoras feministas iniciantes es indispensable la visibilización de las agresiones con sustancias químicas y la imposición de sanciones que consideren un agravante su empleo en la comisión de delitos de homicidio y lesiones por la carga simbólica que representan toda vez que la finalidad no es matar, sino torturar y marcar de por vida a la víctima, a la que se toma por sorpresa, sin oportunidad de defenderse.
Los ataques que se cometen sobre todo con ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico son planeados a detalle con anticipación, estando consciente de las consecuencias que se van a provocar en la víctima y normalmente no generan culpa o remordimiento al agresor, esencialmente no tienen como finalidad matar a la víctima, sino desfigurarla, condenarla y marcarla de por vida, manteniéndola constantemente en un gran dolor físico y en un indescriptible sufrimiento psicológico. Lo que realmente se busca es torturarla, ´matarla en vida”, se precisa en la exposición de motivos.
Se precisa en la motivación de la iniciativa que por su falta de reconocimiento legal aún no hay registros oficiales sobre la incidencia de dichas agresiones, y se reconoce que no son actos comunes, pero también se subraya que eso “no debe ser motivo para restarles importancia y continuar ignorándolas”.
“Debemos tenerlos en cuenta e insistir en que no son hechos aislados, sino estructurales producto de la violencia feminicida que se vive en el país, que indiscutiblemente ha alcanzado nuestro entorno y, en este sentido, aceptar que podrían volver a presentarse en cualquier momento”, subrayó la diputada Yulma Rocha Aguilar durante la presentación de dicha iniciativa en tribuna.
