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FALTA DE TRANSPARENCIA EN PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE VACANTE EN EL IACIP

Las designaciones públicas son los procesos que realizan los poderes públicos para designar a los integrantes de los diferentes órganos del Estado, como es el caso del organismo garante del derecho de acceso a la información pública.

El derecho de acceso a la información pública está enmarcado por la trasparencia, que en su conjunto implica rendición de cuentas.

Sin embargo, pareciera que dichos instrumentos ciudadanos han perdido terreno en la agenda de los gobiernos, para muestra basta con recordar que el Instituto de Acceso a la Información Pública actualmente opera solo con dos de tres de sus comisionados, toda vez que el gobierno ya tiene 2 años sin mandar la terna correspondiente para cubrir la vacante, lo que denota no solo una penosa omisión sino un total desinterés sobre el tema.

Y a partir de aquí quiero hacer algunas reflexiones sobre el proceso de designación para la integración del pleno del Instituto.

Primero: Otra vez este Congreso trabaja según los tiempos del Ejecutivo, pues toda vez que una de los dos comisionados actuales termina también su encargo el próximo 15 de diciembre, se vería muy mal que el Instituto se quede solo con 1 comisionado, entonces, ahora sí, el ejecutivo envió la terna para cubrir la vacante, ¡Después de 2 años!

Eso ha obligado a este congreso a sacar tan solo en dos semanas la designación de la próxima comisionada.

Esto da paso para hacer mi segunda reflexión:

Es muy importante elegir al perfil más calificado para estos cargos, pero para llegar a eso, el proceso para su designación también es fundamental.

Y este proceso viene viciando de origen, porque precisamente lo que faltó fue trasparencia, pues la Constitución marca que para la elaboración de ternas se considerará la opinión de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se desempeñen en el ámbito de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, y en la comisión dictaminadora no tuvimos la información que haga constar que el gobierno del estado efectivamente haya considerado la opinión de dichas instituciones, no sabemos si solamente atendieron la convocatoria las personas que integran la terna, y en el caso de que hayan sido más, desconocemos con cuáles criterios eligió a estas tres personas. Es decir, no trasparentó el proceso de elaboración de la terna.

Ahora, ya en la cancha del legislativo, que nos toca no sólo conocer la idoneidad y que cumplan con los requisitos que marca la Ley, sino también elegir a los comisionados, y no tuvimos oportunidad de conocer los perfiles que sustenten la decisión que hoy vamos a tomar; lo que tuvimos fueron sus curriculum y su trayectoria plasmada en papel, por lo cual, propusimos ampliar la metodología para entrevistar a los candidatos como un medio de verificación de la idoneidad, pero no hubo eco de la propuesta, hombre ya para cualquier trabajo te hacen una entrevista, pero aquí no; y ya ni profundizo el hecho de que supuestamente elaboraron este dictamen en 10 minutos.

El punto es que vamos a elegir a la próxima comisionada sin conocer realmente su perfil.

Este congreso perdió la oportunidad de ir más allá para determinar la elegibilidad de los perfiles, como ha sucedido ya en otras designaciones.

La designación del IACIP debe ser del más alto interés público porque su desempeño fortalece nuestra democracia, pues ligeramente es un intermediario entre el gobierno y los ciudadanos

Es por ello, que estaré presentando una iniciativa de reforma que establezca y trasparente los criterios y los procedimientos para realizar los nombramientos y designaciones públicas que ordena el texto constitucional, buscando eliminar los vicios subjetivos como esta vieja costumbre de elegir por ‘dedazo’ a los titulares de éstos órganos públicos, y que muchas veces sus únicas credenciales es ser cuate o cuota del partido en el gobierno, tal y como recientemente confesó el gobernador en una entrevista cuando hizo referencia a que el nombramiento del Procurador de los Derechos Humanos fue para pagar una cuota de un grupo interno del PAN. Que penosa confesión de un gobernador.