PROTEGER A LA NIÑEZ CON VACUNA ANTI-COVID

Con la venia de la mesa directiva.

Compañeras diputadas, compañeros diputados muy buenos días.

 

Acudo a la tribuna más Alta del estado, de esta Sexagésima Quinta Legislatura, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de Guanajuato, para presentar el siguiente: POSICIONAMIENTO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ MEXICANA A TRAVÉS DEL PROCESO DE VACUNACIÓN.

En los dos años que nos anteceden, en el Mundo se ha vivido una de las etapas más críticas en lo económico, social, laboral, empresarial y en materia de salud, principalmente, por la pandemia COVID-19. En México, según datos otorgados por la prensa, tanto nacional como internacional, se han desarrollado el mayor número de decesos por esta epidemia, acumulando una cifra de aproximadamente 290,000 (doscientas noventa mil) personas fallecidas por coronavirus, manteniendo un promedio de 60 fallecimiento por día. Y en el rubro de niños y adolescentes aproximadamente mil casos.

Para atender este problema de salud, la competencia de origen le corresponde al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, la que debía atender el abatimiento de la pandemia, estableciendo, por un lado, políticas públicas de interrupciones de la cadena de contagios, lo cual no hizo, y por otro, emprender acciones de prevención hacia toda la población en general, una vez conocidas y aprobadas en el extranjero la fabricación de vacunas.

No es entendible que, una vez elaboradas las vacunas en otros países, no haya razones por las que México no ha realizado una inversión importante para adquirir suficientes vacunas para toda la población, sobre todo, que no se expliquen las razones de la metodología empleada por las que el proceso de vacunación no se ha abierto a toda la población en general. No hay una explicación clara. La vacuna se distribuye a cuenta gotas y por edades, estados o zonas regionales, cuando el avance de la pandemia es inminente y con la segunda ola, sigue causando la muerte ahora en los infantes y jóvenes con mayor impacto.

Más allá de la rumorología sobre la forma de adquisición de las vacunas en el extranjero, si están siendo obsequiadas por organismos internacionales o en realidad se han comprado por parte del Gobierno Federal, aunque en forma insuficiente, en cualquier caso, lo cierto es que, el proceso de vacunación tiene poca celeridad y en ciertos núcleos de población ha sido escasa o nulo, como es en nuestros niños, niñas, y jóvenes adolescentes, no obstante que muchos de ellos padecen enfermedades que representan comorbilidad que pone en serio riesgo su salud y su vida. Ha sido tanta la apatía del Gobierno Federal en atender los niños y niñas para otorgarles la vacuna contra COVID-19, que alrededor de 250 menores en 14 entidades federativas han tenido que recurrir a los tribunales para obtener, mediante juicios de amparo, la protección de la justicia federal que obliga a la autoridad de salud a que les aplique la vacuna, no obstante que conforme a la planificación de la Secretaría de Salud Federal no están aún contemplados en el proceso de vacunación, al no ser generalizado.

Las razones de la metodología del proceso de vacunación por edad, estado o región, no se explica, sino que esta forma de actuar es debido a un posible tinte electoral que se está dando por parte de la federación, porque no es posible que nuestra niñez tenga que recurrir a juicios de amparo para tener acceso a un derecho humano, que es el de protección de su salud, que también es una obligación del Gobierno Federal a tutelar y proteger.

El derecho humano a la salud está consagrado en tratados e instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Sobre los Derechos del Niño, entre otros.

La protección de los derechos humanos implica el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, y, por ende, un supuesto fundamental para el desarrollo pleno de un país.

En México el derecho humano a la protección de la salud está contenido en el artículo 4 de la Constitución Federal, así como en las demás disposiciones generales, federales, estatales y hasta municipales de la materia.

La Ley General de Salud en su artículo 2, establece las finalidades de este derecho a la salud, a saber:

I.-El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II.-La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III.-La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV.-El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, y

V.-El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud.

En ese sentido, el estado queda obligado a la protección de la salud, como derecho humano de primera generación e implica la ejecución de medidas preventivas en esta etapa de pandemia ante una tercera ola; medidas dentro de las que se encuentra el proceso de vacunación a toda la población del país como proceso generalizado tal como ocurre en otros países donde se vacuna sin distinción alguna, incluso a población extranjera. En México hace falta una acción de esta naturaleza porque es indispensable que toda la población este vacunada, pero especialmente, cuando se trata de proteger al presente y futuro de esta nación que son los niños, niñas y adolescentes.

Conforme a lo anterior, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 1, que se debe garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a los principios de la Carta Magna.

Esta ley tiene, entre otros postulados:

• El derecho de las niñas, niños y adolescentes a disfrutar del más alto nivel posible de la salud; y
• La obligación del Estado de Reducir la morbilidad y mortalidad de este sector, así como Fomentar y ejecutar programas de vacunación.

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud debe reconocer que ha tenido fallas que han generado graves consecuencias en la población en general y en particular de la niñez mexicana, al negarles la protección del derecho humano a la salud, al no tomar acciones prontas de vacunación a este sector de la población. La ética y el sentido de responsabilidad inducen a que se debiera hacer un ejercicio de autocrítica a través del cual reconozca:

• Su deficiente Coordinación del Sistema Nacional de Salud;
• Las omisiones en aplicación del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional;
• La desinformación relacionada con medidas preventivas como:
  • El uso del cubrebocas; o
  • El aislamiento de lugares o personas.

La reflexión a la que se invita al Gobierno Federal tiene como propósito que se tomen las acciones necesarias, en forma inmediata, para proteger a la niñez mexicana de mayores riesgos de pérdida de la vida que tenga como origen el contagio de CIVID-19.

Sin embargo, como dice un refrán popular, pedirle esta acción de enmienda para asumir la protección a nuestra niñez mexicana es “pedirle peras al olmo”.

Se dice lo anterior, debido a que es de todos conocido que, en lugar de realizar acciones de reconsideración a su actuar omiso en aras de garantizar la protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes, por el contrario, abre un frente contra éstos al negarles la vacuna, por lo que sus padres y madres que, con la razón y el amor por sus hijos, están luchando por la vía judicial para que éstos tengan acceso a una vacuna. Como si fuese una dádiva y no la obligación que tiene por disposición Constitucional y de instrumentos internacionales el Gobierno Federal, que conduce la rectoría de los programas de vacunación contra COVID-19.

Es pertinente recordar que hace un par de sesiones, ante este pleno, el Grupo Parlamentario del PRI, formuló pronunciamiento sobre la necesidad de exhortar a las instancias federales para que cumplieran con su mandato de proteger la salud de todos los mexicanos, considerando la vacunación de los jóvenes, niñas y niños.

No obstante, a pesar de que en el mes pasado un Juzgado Federal con sede en el Estado de México, ordenó mediante resolución judicial de amparo al Gobierno de la República que en la jornada de vacunación contra COVID-19 se contemplara vacunar a las personas menores de 12 a 17 años.

Como es costumbre, desacatando tal mandamiento judicial, esta semana nos enteramos por diversos medios de comunicación que, ahora la autoridad federal impugnó, como irónicamente dice el propio titular del Ejecutivo Federal en sus mañaneras, “recurrió a acciones legaloides propias de los conservadores”, es decir, se inconformó jurídicamente con la determinación del Órgano Jurisdiccional para tratar de revertir la decisión judicial y no vacunar a la niñez mexicana.

Si bien es cierto que, la impugnación de una decisión judicial es un derecho de inconformarse otorgado a las partes por considerar que se lesionan sus intereses.

En consecuencia, es patente que el interés del Gobierno Federal sigue siendo negarle la vacuna a la niñez y que con toda claridad refleja su vileza, por ser un hecho que es por demás deplorable.

Existen dos razones para afirmar lo anterior: primero, ahora si le fue útil al ejecutivo federal usar los mecanismos legales que según ha afirmado son “acciones de abogados legaloides y son propios de los conservadores que se oponen a la modernidad del país”; y segundo, impugnar la concesión de un derecho tan elemental como es el derecho ganado en tribunales en favor de la protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes mediante el acceso a la vacunación contra el COVID -19, ante una posible tercera ola de contagios.

Lo anterior también demuestra el doble discurso del presidente, decir por un lado que quiere el bienestar del país, y por el otro, negar un derecho tan elemental a la niñez para que tengan acceso a las vacunas en un período tan crítico de pandemia. Esta actuación no puede tener otro significado: es ruin.

Por ello, la bancada del PRI en este Congreso nos pronunciamos en el sentido siguiente:

PRIMERO: Reconocemos la lucha y el esfuerzo de todos aquellos padres y madres de familia que están combatiendo una omisión del Gobierno Federal a tutelar y proteger el derecho a la salud de sus niños, niñas y jóvenes mediante las acciones judiciales de amparo ante instancias federales, porque no les dejan otra opción, contra un régimen inhumano. Les hacemos saber que no están solos.

SEGUNDO: Se formula desde esta tribuna, un reclamo enérgico al Gobierno Federal. Señor Presidente “Con los Niños, NO”, porque, como dijera Jacinto Benavente, “En cada niño nace la Humanidad” y por esa humanidad es que vamos a alzar la voz.

TERCERO: Hacemos un llamado respetuoso al Poder Judicial de la Federación, que como Poder de equilibrio demuestren su independencia, porque en  el ejercicio de ponderación entre el interés del estado a no otorgar la vacuna a la población infantil y juvenil y el derecho humano a la protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes,  pronuncien una resolución que acorde a los principios pro persona y de interpretación conforme establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sean garantes de la tutela del derecho humano señalado, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sólo con ello enarbolarán el principio pronunciado por el Siervo de la Nación que se acuña en cada recinto de ese Poder y que reza:

“Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”.

¡ES CUANTO!