ILEGAL, QUE EL CONGRESO RECOMIENDE TOPES SALARIALES A LOS AYUNTAMIENTOS: GPPRI
GUANAJUATO.- La diputada Ruth Noemí Tiscareño, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para que el Congreso no emita ya recomendaciones sobre montos máximos de remuneraciones a integrantes de los Ayuntamientos.
La iniciativa con proyecto de Decreto busca derogar la fracción X del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en la que se establece que corresponde a la Comisión de Hacienda y Fiscalización tener conocimiento y dictaminar lo que se refiere a recomendaciones de montos máximos de las remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos.
Y el artículo 81 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en el que se precisa que el Congreso deberá emitir a más tardar el 15 de octubre de cada año dichas recomendaciones.
En su exposición de motivos, la legisladora subrayó que la autonomía del municipio, conforme a las leyes que nos rigen, debe ser administrativa y financiera, entendida esta última como “la facultad del Ayuntamiento de autodeterminarse en lo relacionado con la obtención, gestión y el gasto de su hacienda pública”.
En ese sentido, precisó además que la fracción IV del artículo 115 constitucional establece que los presupuestos municipales de egresos se aprobaran única y exclusivamente por los ayuntamientos y que los mismos deben contener el desglose de los tabuladores de las remuneraciones que habrán de percibir los servidores públicos municipales.
Expuesto lo anterior, destacó que debe aceptarse, sin cortapisas, que no existe atribución alguna para que las legislaturas de los estados puedan establecer normas respecto a la conformación del presupuesto de egresos de los municipios, ni para regular sus tabuladores salariales.
Y agregó enseguida que las recomendaciones que emite el Congreso sobre topes salariales a los Ayuntamientos no gozan de efectos vinculatorios ni crea lazos obligatorios, lo que convierte a dicha disposición normativa “en inoperante y frívola”.
Tiscareño Agoitia dijo que la iniciativa que presentó implica “reconocer un derecho fundamental del orden de gobierno municipal, brindándole plena libertad y autonomía para el manejo de su hacienda pública, a la vez que se elimina una facultad del Poder Legislativo que trasciende las que le son inherentes, que lo son legislar, representar a la sociedad y fiscalizar el adecuado uso de los recursos públicos”.
